Gobierno de Entre Ríos

 

 


La ministra Romero analizó la implementación de la Ley contra el Narcomenudeo en Gualeguaychú

 

15/07/2019 - 08:00   

 

La ministra Romero analizó la implementación de la Ley contra el Narcomenudeo en Gualeguaychú


La Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, participó este viernes de la Charla Debate organizada por el grupo Ceibo en Gualeguaychú donde se debatieron temas jurídicos de actualidad. La ley contra el narcomenudeo en la provincia y su balance positivo en la implementación fue el eje de la disertación.

 

 

La ley contra el narcomenudeo se comenzó a implementar en la provincia el 8 de mayo del año pasado habiendo sido exitosa su aplicación debido a un trabajo previo de coordinación con la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

“Argentina tomó algunas decisiones de política criminal que han sido buenas”, evaluó la ministra al comenzar la disertación.

Se trata de la ley 26052, sancionada por el Congreso Nacional en el 2006 y que habilitó a las provincias a adherir para intervenir en las investigaciones de narcotráfico en pequeña escala.

“Se hizo porque mirábamos la Argentina federal y veíamos que, en la inmensa mayoría del país, la presencia de la justicia federal no era suficiente para combatir el narcotráfico. En esa época teníamos un solo juez federal en Paraná y otro en Concepción del Uruguay y hoy tenemos dos en cada una de esas ciudades y tres nuevos juzgados creados que están recién arrancando”, recordó la ministra de Gobierno que en ese momento era legisladora nacional.

“Esa pobre presencia de la Justicia Federal era en general en el país. En aquel momento los bonaerenses estaban preocupados por la proliferación del narcomenudeo, mientras que los jueces federales estaban preocupados por el narcotráfico a gran escala y los vecinos protestaban porque no se procedía contra el que vendía en pequeñas cantidades. A nosotros nos pasó lo mismo en Entre Ríos y tardamos 12 años en tener una ley para adherir a la posibilidad de que podamos investigar el narcotráfico menor a través de nuestros jueces, fiscales y fuerzas de seguridad”, afirmó Rosario Romero.

“En aquel momento, la ley nacional previó que el gobierno central debía tomó la decisión de enviar fondos a las provincias que adhieran a la ley 26.052. En Entre Ríos, en 2018, la legislatura adhirió finalmente, luego de dos intentos anteriores, que se frustraron por distintas razones, en una oportunidad por un contundente rechazo del Superior Tribunal de Justicia al alegar que no se estaba en condiciones de implementarla, teniendo en cuenta el proceso acusatorio que se venía llevando a cabo en la provincia y que llevaba muchos recursos”, rememoró la titular de la cartera política provincial.

“Además, el Superior dijo que las cárceles no estaban en condiciones de recibir más internos y hoy esa también es nuestra preocupación. Por eso estamos reclamando a la Nación que cumpla con las compensaciones a la provincia por los 550 presos federales que hoy alberga nuestro Servicio Penitenciario provincial”, indicó Romero.

“La preocupación entrerriana era que el vecino de Gualeguaychú, de Paraná, de Urdinarrain, nos decía acá venden drogas y no podíamos llegar. No porque los jueces tengan mala disposición, sino porque se pensaba que entorpecía la investigación hacia el narcotraficante más grande”, remarcó la Ministra.

“Pero desde la sanción, en Entre Ríos, hemos hecho un proceso virtuoso. Nos preparamos para la implementación para no chocar con competencias, los fiscales, las fuerzas de seguridad, los jueces nacionales y provinciales, definimos en mesas de trabajo criterios de políticas criminal. Dijimos, no vamos a ir contra el adicto, sino que queremos cerrar ese centro de venta en el barrio que es el que reclama la ciudadanía”, añadió.

“Definimos, con las fuerzas federales, aspectos operativos estableciendo una suerte de protocolo unificado para la actuación. Tenemos diálogo, al punto tal que hemos tenido cero problemas de competencia”, sostuvo.

Además, la Ministra explicó que los recursos se comparten. “Laboratorios, equipamiento, las capacidades instaladas. No somos un país rico como para replicar equipamientos. Las distintas fuerzas de seguridad y la Justicia comparten las cuestiones vinculadas al equipamiento criminalístico”. Lo mismo sucede con “el proceso para la destrucción de estupefacientes”.

Sobre las condenas, Romero resaltó que “el proceso abreviado es aceptado y en virtud de normas procesales se ha consolidado un sistema que todos aquellos bienes y dineros recuperados por los delitos con sentencia firme, van en un 50 por ciento a la policía y el otro 50% a Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y al COPNAF, por lo que hemos entregado autos, equipamiento de tecnología, motos y dinero, para que sean usados justamente en la lucha contra el narcomenudeo y en la prevención de adicciones”.

“El debate no fue sencillo porque había legisladores que se oponían, pero mayoritariamente las fuerzas políticas la apoyaron. La ley viene funcionando bien”, concluyó.

“Pero a veces pienso que vamos más lento que lo que evolucionan las modalidades delictivas, tenemos que ponernos como objetivos el llegar antes, trazar estrategias para fortalecer las herramientas estatales y llegar a tiempo e ir variando creativamente la forma de combatir estos delitos, porque el narcotráfico no es igual a cualquier delito, destruye familias, mucho más allá de la persona que consume, destruye la comunidad y ocasiona la multiplicidad de delitos, por lo que combatiéndolo, también estamos bajando el nivel de conflictividad”.

Disertaron también en la jornada, que se llevó a cabo en el salón de la Biblioteca Sarmiento, el Fiscal Federal, Jorge Di Lello, el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, la Jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi, el Secretario de la Fiscalía Federal Nº1, Hernán Mogni, sobre los ejes temáticos de financiamiento de campañas, falsas noticias, lavado de activos e intervención de comunicaciones telefónicas.

Acompañaron a la ministra, el Secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, que fue uno de los organizadores del debate y el Secretario de Justicia, Pablo Biaggini. Estuvieron presentes legisladores nacionales, provinciales, jueces federales y provinciales, intendentes, concejales y público en general. 

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